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Webpondo: Uno de los puntos coincidentes entre la ciencia económica y el derecho es la importancia que le dan a las instituciones como medios para lograr los objetivos de una sociedad. En este sentido, qué papel cree usted que juegan los organismos de control como instituciones en la estructura del Estado Colombiano.

Dr. Edgardo José Maya: Los organismos de Control son fundamentales en toda democracia, pues las estructuras esencialmente políticas haciéndose contrapeso no son suficientes para alcanzar los fines que se propone el Estado. Por esa razón los organismos de Control sirven para orientar la conducta pública en aquellos eventos que no ameritan una intervención más intensa por parte de la administración de justicia.

W.P: ¿El control que ejerce la Procuraduría debe limitarse a la simple identificación de conductas ilegales o trascender a criterios de eficiencia en la gestión pública? ¿Cómo se puede lograr este control?

E.J.M: La filosofía que ha traído la Constitución del 91 se basa en dos parámetros de control, uno disciplinario y uno de gestión. Los dos controles no se oponen entre sí, pues muchas veces la carencia de gestión o las omisiones con respecto a ella se convierten en faltas disciplinarias. No obstante, la orientación de los dos controles en la práctica institucional apunta a criterios diferentes, pues mientras el control disciplinario se ejerce con el fin de encausar la conducta y la ética pública, el control de gestión se hace para que las instituciones evidencien a través de herramientas administrativas sus carencias, sus posibilidades y sus proyecciones a efecto de que mejoren su trabajo en el engranaje estatal.

W.P: ¿Usted cree que la Procuraduría le ha cumplido al país en la lucha contra la corrupción? ¿Qué está haciendo esta administración en particular?

E.J.M: La Procuraduría ha cumplido un papel claro, en el sentido en que ha sido inexorable con la aplicación de la ley en los ámbitos de su competencia y particularmente en los eventos del manejo de los dineros públicos. Hemos puesto en marcha un nuevo código disciplinario que es más severo y a la vez más preciso que la ley 200 de 1995, estamos intentado que tanto las oficinas de control interno disciplinarios como las personerías se apropien de estas herramientas legales para que se genere una concepción clara de lo que no pueden hacer los funcionarios públicos con el manejo del presupuesto o el manejo contractual, pero para un país donde la corrupción administrativa es un problema tan significativo en el marco social, cualquier gestión por exitosa que sea siempre será insuficiente.

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